Barcelona.- A un mes del Mundial de Catar, el astro brasileño Neymar se reencontró este lunes con su pasado al regresar a Barcelona para asistir a la primera sesión del juicio por las supuestas irregularidades en el polémico fichaje que lo llevó al club catalán hace casi una década.
Vestido con traje negro y gafas de sol, el ahora delantero del París Saint-Germain, que salió abruptamente del Barça en 2017 con un millonario pase al club francés, llegó a la Audiencia de Barcelona acompañado de sus padres, también procesados por este caso, poco antes de las diez de la mañana locales (08H00 GMT).
El futbolista, que la noche anterior anotó el gol de la victoria de su equipo ante el Marsella en la liga francesa, permaneció casi dos horas en la sala, sentado en la primera fila de un extenso banquillo de acusados, compartido con sus padres, los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu o los abogados de sus exclubes, Barça y Santos.
A todos los señala DIS, el fondo que poseía parte de sus derechos económicos cuando era un prometedor atacante del club brasileño, de los delitos de corrupción entre particulares y estafa por haberle ocultado supuestamente el monto real de su traspaso al Barça en 2013.
Debido a las pocas horas de reposo, la defensa de Neymar solicitó que el atacante y sus padres pudieran ausentarse de la vista, obteniendo la autorización del tribunal.
Poco antes del mediodía, el futbolista abandonó el edificio de la Audiencia, situado en una céntrica zona de Barcelona, acompañado por su madre, mientras su padre decidió permanecer junto al resto de acusados.
Neymar, que a partir del 20 de noviembre volverá a liderar a la «Seleçao» en el Mundial, está acusado de un delito de corrupción en los negocios por la Fiscalía, que pide para él dos años de cárcel y diez millones de euros (9,7 millones de dólares) de multa.
La pena más alta que solicita el Ministerio Público es sin embargo para Rosell, de cinco años de cárcel por corrupción y estafa.
De acuerdo al cronograma inicial, la declaración del futbolista está prevista para el viernes 21 de octubre o el viernes 28, como las otras cinco personas físicas acusadas.
Preacuerdo en secreto
Antes se producirá otra de las comparecencias más esperadas, cuando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, testifique el martes 18 por videoconferencia para explicar, a pedido de DIS, cómo influyó en el mercado el preacuerdo suscrito en secreto entre el Barça y el jugador en 2011.
Pese a que el FC Barcelona cifró inicialmente el fichaje de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para su familia y 17,1 para el Santos), la justicia española estimó que alcanzó al menos los 83 millones.
Para DIS –fondo de inversión deportiva propiedad del grupo brasileño de supermercados Sonda– el Barça, Neymar y más tarde el Santos se aliaron para ocultar el monto real de la operación a través de otros contratos de los que ellos quedaron fuera.
La compañía, que adquirió en 2009 el 40% de los derechos económicos del futbolista, recibió 6,8 millones de euros de los 17,1 ingresados oficialmente al club brasileño.
«Neymar Junior, con la connivencia de sus padres y del FC Barcelona, y sus dirigentes en el momento, y del Santos FC (…) defraudó los legítimos intereses económicos de DIS, estafándole», resaltó este jueves Paulo Nasser, abogado de la empresa, que denuncia que los derechos del jugador «no se vendieron al mejor postor».
Sintiéndose doblemente perjudicada, tanto por no haber recibido su parte del traspaso real como por el contrato de exclusividad suscrito por Neymar y el Barça –que impidió a otros clubes pujar por el delantero–, DIS solicita ahora que se le restituyan los 35 millones de euros que estima haber perdido.
Como acusación particular, el grupo pide cinco años de prisión para el futbolista, Rosell y Bartomeu, además de multas millonarias.
Los abogados de Neymar argumentan, sin embargo, que su cliente no cometió ningún delito, ya que los 40 millones de euros correspondieron a una «prima de fichaje legal y habitual en el mercado futbolístico», y cuestionan que España tenga jurisdicción para tratar el caso.