Cd. Victoria, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia y mejorar el marco legal en materia de combate a la corrupción, el Congreso del Estado llevó a cabo el foro “Avances y Retos en la Procuración de Justicia en el Combate a la Corrupción”, en el que participaron autoridades legislativas, representantes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, integrantes de la sociedad civil y del sector educativo.
El foro fue inaugurado por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, presidenta de la Comisión de Anticorrupción, quien destacó la importancia de este ejercicio como herramienta para fortalecer la colaboración interinstitucional, fomentar la transparencia y promover la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el diputado Víctor Manuel García Fuentes subrayó la relevancia de contar con mecanismos legislativos eficaces que prevengan la corrupción. Reconoció los avances alcanzados, aunque advirtió que aún son insuficientes para erradicar prácticas que debilitan la confianza ciudadana y afectan el desarrollo institucional en Tamaulipas.
En el primer tema del foro, titulado “Marco Jurídico Local: Necesidades de Reforma”, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que para avanzar de manera efectiva en la lucha contra la corrupción es indispensable contar con un marco jurídico sólido y fomentar la cooperación interinstitucional.
Destacó que la Fiscalía trabaja con firmeza para investigar y sancionar los actos ilícitos cometidos por servidores públicos, con el objetivo de garantizar justicia y fortalecer el Estado de Derecho.
En este apartado, integrantes de la Fiscalía presentaron diversas propuestas de reforma al Código Penal del Estado, orientadas a mejorar la tipificación de los delitos relacionados con la corrupción, brindar mayor claridad jurídica y eliminar duplicidades normativas.
Entre las propuestas destacaron las reformas al artículo 226, para sancionar la manipulación de documentos; al artículo 210, para reforzar las sanciones por abandono de funciones; y al artículo 212, para ampliar las penas por abuso de autoridad y combatir la figura de los llamados “aviadores”. Asimismo, se propusieron nuevas fracciones para sancionar el uso indebido de atribuciones en contrataciones públicas y la simulación de cumplimiento.
En el segundo bloque, titulado “Colaboración interinstitucional entre la Fiscalía, el Congreso y la Sociedad”, la legisladora Deandar Robinson resaltó que una comunicación institucional constante es fundamental para atender eficazmente los casos de corrupción, y propuso establecer mesas de diálogo permanentes entre la Fiscalía, el Poder Legislativo y la sociedad civil como mecanismos de retroalimentación y propuesta.
Al intervenir en el subtema “Agendas comunes y seguimiento de compromisos”, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos enfatizó que la coordinación interinstitucional ha sido clave durante los diez años de funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
No obstante, subrayó que el principal reto actual es garantizar la implementación efectiva de estas agendas y darles seguimiento con criterios técnicos y mecanismos de evaluación. Añadió que la sociedad civil desempeña un papel esencial como agente de observación, denuncia y legitimación social.
En el subtema “Fortalecimiento de la cultura de la legalidad”, la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica destacó que dicha cultura no se construye únicamente desde las instituciones judiciales, sino también desde la educación, las familias, el servicio público, el periodismo y la participación social.
Reconoció los avances en materia institucional, pero subrayó que la transparencia, la congruencia entre el discurso y la acción, y una justicia accesible son elementos indispensables para una transformación social auténtica.
Como parte de las acciones inmediatas, el fiscal Govea Orozco anunció la instalación de un buzón de denuncias ciudadanas en las instalaciones del Congreso del Estado, como una herramienta directa para recibir y canalizar inquietudes relacionadas con actos de corrupción.
El evento concluyó con un llamado conjunto al compromiso ético e institucional, reafirmando la necesidad de que el Congreso, la Fiscalía y la sociedad civil trabajen de manera coordinada para construir un Tamaulipas más justo, transparente y libre de corrupción.
Al foro asistieron representantes de los sectores empresarial, académico y colegiado, como la CMIC, CANIRAC, CANACO, COPARMEX y Amprovic A.C., así como integrantes de los Colegios de Abogados, Notarios y Contadores de Ciudad Victoria. También participaron docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad La Salle y el Instituto Tecnológico.