POR José Inés Figueroa Vitela
Pocas cosas he escuchado se le hayan criticado al ingeniero EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, de su paso por el gobierno de Tamaulipas.
La más reiterada, acaso sea, el por qué no persiguió y remitió a buen resguardo, al que en su tiempo fue alcalde de Reynosa, con no pocos delitos y afrentas en su haber: Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Pasado el tiempo, ya como gobernador, este delincuente encarceló al gobernante constructor, inventándole cualquier cantidad de delitos, que jamás fueron probados ante las instancias jurisdiccionales.
Antes de concluir su sexenio, CABEZA salió huyendo del país, porque había librado la cárcel, por sus nuevos delitos en el usufructo del poder, en base a la compra de conciencia y complicidades dentro del aparato judicial federal.
Primero fue el Juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, quien le otorgó amparos cuantas veces la justicia estuvo a punto de echarle el guante; la mafia del Poder Judicial Federal le echó la mano, cuando se demostró que sus actuaciones para favorecer a aquel estaban fuera de toda lógica jurídica y lo jubilaron para no tener que encarcelarlo.
Más aún, a su esposa, Piedad del Cármen Hernández Ávila, se Secretaria la elevaron a Jueza Sépitma de Distrito, cuando el titular, JUAN FERNANDO LÓPEZ fue suspendido por lo mismo un aquel; poner la justicia al servicio de la impunidad de Francisco Javier “N”.
Elevados los reclamos de la representación social -FGR-, las complicidades se extendieron al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado, MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA, en la confirmación de los fallos de aquellos y la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal AMALIA FERNÁNDEZ BARQUÍN, para obstruir más sanciones a la pandilla que ameritaran terceros desembolsos.
Todos ellos, uno por uno, fueron señalados ayer por el Presidente de la Cámara de Diputados, SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, durante la conferencia de prensa dictada en la Cámara de Senadores, acompañado de otros y otras legisladoras, incluida la Senadora tamaulipeca OLGA SOSA.
En la compleja trama de intereses, dinero y blindaje a la corrupción, desplegada en torno del anterior gobernador de Tamaulipas, ahora pretendiendo limpiarle el pasado y abrirle el paso de regreso al servicio público, los legisladores federales demandaron enmienda y castigo.
Exigieron al Consejo de la Judicatura, la separación inmediata y definitiva de esos funcionarios judiciales, su procesamiento y liberar el escudo formado en torno de Francisco Javier “N”, para que responda por los delitos de que es acusado y se le retiren los privilegios.
Incluidos los casi 40 escoltas, patrullas, armas y combustibles costeados con el presupuesto estatal y que sigue manteniendo, siendo prófugo en el extranjero, también gracias a los amparos de “los faustinos”.
Tan pronto se dieron las denuncias y reclamos, el sujeto de marras echó a andar las cajas de resonancia que tanto benefició con el presupuesto de Tamaulipas y ahora mantiene con el producto de lo robado.
La contundencia de Los Hechos no deja lugar a dudas de la existencia de los delitos y las responsabilidades; la vieja cantaleta de la “persecución política” choca de frente contra los nombres y apellidos, las pruebas y testimonios en autos, que son del dominio público.
Los jueces corruptos, jefaturados por el ahora Magnate de la distribución de autos nuevos, FAUSTINO, sin rubor alguno incorporado a la defensa del cabecilla de la banda del pasado sexenio, no tienen un ápice de personas de la ley y el derecho.
Sus servicios a favor del delito y la impunidad del exgobernador de triste memoria -entre otros clientes que toca documentar a las mismas instancias jurisdiccionales-, loess pintan de cuerpo entero y marcan el destino que deben seguir de inmediato.
Ese fue el reclamo de los representantes populares, apurando, para no tener que esperar a que el próximo primero de junio se renueve todo el Poder Judicial y se instale en octubre.
Son tiempos en los que, visto está, gente como CABEZA DE VACA y “los faustinos”, andan tratando del blindarse, revertir el estatus jurídico y buscar el camino de regreso a seguir delinquiendo en contra del pueblo.
Que ya no sigan haciendo más daño, es el reclamo de los tamaulipecos, hecho propio por los legisladores.
Si lo hacen ahora, ya van tarde en la impartición de esa justicia postergada, en cada etapa de la delincuencial vida del exgobernador de triste memoria.
¿Por o para qué retardarlo más?