- Por corrupción en 650 mdp, vinculan a proceso a exsecretario del «Cabezón»
Por Héctor Sandoval
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Rómulo “N”, exsecretario de Bienestar durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso, por segunda ocasión, por delitos de corrupción relacionados con la compra irregular de 2.6 millones de despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos en 2021.
Durante la continuación de la audiencia inicial celebrada este martes en Ciudad Victoria, el Juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado resolvió que existen elementos suficientes para procesar penalmente al exfuncionario, a quien también se le impuso prisión preventiva justificada mientras dure el proceso judicial.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que el plazo de investigación complementaria vencerá el próximo 16 de octubre de 2025.
La imputación señala que Rómulo “N” solicitó, aprobó y firmó de manera ilícita la contratación directa de los paquetes alimentarios, bajo el programa “Bienestar Alimenticio”, violando los procedimientos legales establecidos para adquisiciones públicas.
Se le acusa de los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño Ilícito de Funciones Judiciales o Administrativas.
Esta nueva vinculación se suma a otro proceso judicial vigente en su contra por la compra de 474 mil despensas a la empresa Lácteos de Tamaulipas S.A. de C.V., con un valor de 125 millones de pesos, realizado en diciembre de 2020 también mediante adjudicación directa.
En esa ocasión, la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas concluyó que existían pruebas suficientes de su participación directa en un contrato celebrado sin licitación, pese a que el monto superaba los límites legales.
Según los datos expuestos por la Fiscalía en esa primera causa, las firmas de Rómulo “N” figuran en los documentos de solicitud, contratación y pagos, y se acreditó su rol como secretario técnico del Comité de Compras.
A pesar de los alegatos de la defensa, que aseguró que la adjudicación se dio por emergencia derivada del Covid-19, la jueza determinó que existió conducta dolosa y beneficio indebido a la empresa adjudicada.
La Fiscalía Anticorrupción reiteró que estos procesos son parte de su compromiso para sancionar el uso indebido del erario y procurar justicia ante los actos de corrupción cometidos por exservidores públicos en sexenios anteriores.