- Reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se discutirá en septiembre
Ciudad de México.- La comisión permanente recibió la reforma constitucional para facultar al congreso de la unión de expedir una Ley General contra la Extorsión; la propuesta es que el Estado persgida de oficio este delito que lastima la paz social de las familias; el objetivo es construir la paz y tranquilidad.
La senadora Olga Sosa señaló que su discusión es una de las prioridades del grupo parlamentario de Morena en el Senado, al ser un tema de seguridad pública de alto impacto que afecta la seguridad de la persona, y tiene repercusiones en su patrimonio, su psicología y sus emociones.
“Cuando hay una denuncia de extorsión, el objetivo es que se persiga de oficio. Eso significa que la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito, ese es el objetivo” dijo Olga Sosa, quien reconoció que la homologación del tipo penal y la sanción que amerita serán elementos importantes para la discusión.
La senadora tamaulipeca señaló que actualmente el secretario de seguridad Omar García Harfuch está implementado una Estrategia Nacional contra la Extorsión basada en cinco fases de operación interinstitucional y coordinación con todas las entidades federativas.
Las cinco fases de la Estrategia para perseguir el delito, parten de fomentar la cultura de la denuncia segura al habilitar el número telefónico 089 con cobertura en todo el territorio nacional. La primera parte es denunciar, seguido por la cancelación inmediata de la cuenta telefónica usada para extorsionar y de la consecuente apertura de denuncia en las fiscalías estatales; adicionalmente, se realizará el despliegue de células de inteligencia e investigación por parte de las unidades especializadas contra secuestro y extorsión.
El delito de extorsión a través de la Estrategia Nacional se combatirá focalizadamente en ocho estados y penales, donde se concentra la incidencia de este delito.
El Senado de la República aprobó en diciembre del 2024 una reforma constitucional al artículo 19 para incluirlo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y está vigente a partir del 1 de enero del 2025.