Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Especial del Congreso Local, para el análisis y seguimiento de las denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Salud, determinó ordenar a la Auditoría Superior del Estado la reapertura de las cuentas públicas del Gobierno estatal correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, luego que esta informó no haber encontrado en ellas las observaciones sobre pagos irregulares a empresas de los hermanos Carmona Angulo, motivo de la querella.
En el seguimiento a los acuerdos establecidos previamente, los diputados locales miembros de la Comisión, centraron los trabajos en el análisis de la respuesta emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE), respecto a las denuncias interpuestas por posibles irregularidades durante los referidos ejercicios fiscales del pasado sexenio.
El diputado Elifa Gómez, informó que, en cumplimiento al acuerdo del pasado 2 de septiembre, se solicitó al titular de la ASE, Francisco Antonio Noriega Orozco, que informara si la Auditoría Superior del Estado conoció de las 14 denuncias penales por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud y si existen observaciones, hallazgos o procedimientos en curso relacionados con las cuentas públicas vinculadas a dichas denuncias, así como su estatus actual.
Por oficio, la Auditoría Superior confirmó tener conocimiento de 8 de las 14 denuncias, recibidas el 3 de septiembre próximo pasado y turnadas a la Auditoría Especial de Seguimiento, donde tras revisión de archivos físicos y digitales, se concluyó que los hechos denunciados no tienen vínculo directo con las observaciones derivadas de las auditorías ordinarias practicadas sobre ese periodo, estando por determinar si se relacionan con recursos fiscalizables.
En su intervención, el diputado Víctor Manuel García Fuentes destacó que la fiscalización a las cuentas 2017-2018, del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Tamaulipas, fue limitada y superficial, señalando como posible causa una falta de independencia del entonces Auditor Superior, quien mantenía una relación cercana con el gobernador en turno.
Ante ello, propuso que la Comisión impulse una revisión extraordinaria de las cuentas públicas 2017-2018, con base en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para hacer una investigación integral que subsane las deficiencias anteriores, detecte irregularidades no observadas en su momento, e integre expedientes que refuercen las denuncias ya presentadas.
Así reafirmó el compromiso del Congreso con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a la salud.
La propuesta incluye presentar una denuncia formal ante la ASE, solicitando la reapertura y revisión a fondo de la Cuentas Públicas de dichos ejercicios fiscales, misma que fue aprobada, para garantizar la justicia, proteger el patrimonio público y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, se estableció ahí.