- Acusados habrían utilizado documentos falsos para desviar armamento de uso militar
Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un ciudadano de Bulgaria compareció ante un tribunal federal tras ser extraditado desde España, acusado de participar en una red internacional de suministro de armas al Cártel Nueva Generación (CNG).
Se trata de Peter Dimitrov Mirchev, quien enfrenta cargos junto con Asumo, el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados son señalados por conspirar para suministrar de manera ilegal armamento de grado militar a cárteles mexicanos de la droga, en particular al CNG.
Según la acusación, Mirchev enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína y por posesión de armas de fuego. Entre el armamento mencionado se incluyen ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas.
El Departamento de Justicia detalló que el acusado presuntamente reclutó a Asumo con el objetivo de obtener de forma corrupta un Certificado de Usuario Final (EUC), documento que sirve para autorizar la exportación de armas y que, en este caso, habría sido utilizado para declarar falsamente un destinatario distinto al real.
De acuerdo con la investigación, Asumo y Mwapinga habrían obtenido un EUC de la República Unida de Tanzania, el cual autorizaba la importación de rifles AK-47, que posteriormente serían desviados para su entrega a organizaciones criminales.
Las autoridades también señalaron que Mirchev ya había estado implicado previamente en el suministro de armas a Viktor Bout, quien fue declarado culpable en un juicio por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, entre otros cargos.
Mirchev fue arrestado por autoridades españolas en Madrid el pasado 8 de abril. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde compareció ante un tribunal federal para enfrentar los cargos en su contra.
En caso de ser declarado culpable, el acusado podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, con la posibilidad de recibir cadena perpetua, de acuerdo con la legislación estadounidense.
El caso pone de relieve la existencia de redes internacionales dedicadas al tráfico ilegal de armas, así como su posible vínculo con organizaciones criminales que operan en México.