POR José Inés Figueroa Vitela
Recordamos que nunca ha estado en tela de duda el rosarios de delitos que cometieron y siguen cometiendo.
Lo que ha permanecido en la palestra es el señalamiento, sobre los cómplices incrustados en el andamiaje jurisdiccional, que han tendido un manto de impunidad para el grupo que asaltó el poder estatal durante el pasado sexenio.
La llegada, de RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica primero, y después EDUARDO GOVEA OROZCO a la Fiscalía Anticorrupción, abrió la expectativas del rompimiento de ese cerco delincuencial, como una cuña ajena a la tutela del exgobernador de triste memoria, cabecilla de la banda aquella.
Por sobre él saqueó, el desmantelamiento, los obstáculos, las trampas herencia del mal gobierno pasado, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ha sabido liderar la transformación que hoy se mide en bienestar, desarrollo y oportunidades crecientes.
El reciente anuncio de trabajo coordinado, entre aquellas instancias y sus titulares, abonó a esa aspiración de justicia al pueblo de Tamaulipas, sancionando a sus saqueadores e intentando revertir al patrimonio público el producto del saqueo.
Que las instancias federales estén dando signos de actuación en consecuencia, liberando los resortes sobre los que se ha soportado la impunidad del exgobernador y sus cómplices, entusiasma al colectivo, en la eventualidad de que regrese el estado de derecho y el imperio de las instituciones del pueblo.
Dicho de otra manera, sin el amparo de los jueces federales radicados en Reynosa, con justificaciones que eran una burla a la inteligencia y el derecho de los tamaulipecos y con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reivindicando el valor indisoluble del voto, estamos del otro lado.
Al Fiscal General de Justicia del Estado -sin más adjetivos por el momento- IRVING BARRIOS MOJICA, el mismísimo Jefe de las Instituciones del País, quien no es otro que el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, le concedió una última oportunidad.
Que cumpliera con sus responsabilidades constitucionales o que dejara el cargo.
Por estos días, está a prueba con cual disyuntiva se queda.
Ya se consignaron las carpetas de investigación sobre algunos de los delitos en los que se habrían visto inmiscuidos los ex secretarios de Educación y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, MARIO “G” y GILBERTO “E”.
Es el turno de DAVID CERDA ZÚÑIGA, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Que muestre con quienes están puestos sus compromisos: con la justicia y los tamaulipecos, a con quien lo puso en el cargo, los delitos y complicidades de que fue autor, instructor e inspirador, en la anterior administración estatal.
Desde luego, hay elementos para poner en el mismo morral de los funcionarios del pasado sexenio, al propio Fiscal, a su circulo cercano de colaboradores, así como al Magistrado Presidentes y varios de los integrantes del pleno judicial.
“Es la hora de todos”, se repite con insistencia entre la opinión pública tamaulipeca, aunque en su caso encuentran una fisura por donde colar la reivindicación.
Cumpliendo finalmente con su trabajo y demostrando, si fue el caso, que actuaron bajo presión, atendiendo órdenes coaccionadas, salvarían de alguna manera el estigma que priva sobre ellos.
Toda la parentela directa, a la que se encargó de implicar, tal vez con la idea de no ir solo al encierro, casi todos los secretarios y buena parte del segundo y tercer nivel del andamiaje gubernamental, del sexenio anterior, han sido señalados de haber cometido actos ilegales en el desempeño público.
La profilaxis ha iniciado en la estructura cupular y con los delitos menores que se han encontrado; no pasará mucho tiempo en que la manga ancha de la justicia alcance al propio exgobernador y entonces sí, será “el llorar y el tañir de dientes”.
No hay crimen perfecto.
Sancionarlo hoy es, además, el espacio necesario para avanzar más de prisa en la recuperación, modernización y proyección de un futuro más promisorio para todos.
Veremos.