Ciudad de México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presentó anoche el proyecto de dictamen de la reforma judicial, que incluye más de 100 cambios a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, los más relevantes en torno a la elección por el voto popular de jueces, magistrados y ministros, que será de forma gradual en el caso de los primeros y con periodos escalonados en el de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se mantiene disminuir de 11 a nueve el número de ministros, como lo propuso el Ejecutivo y los nuevos togados saldrán de una elección extraordinaria, organizada por el Instituto Nacional Electoral el primer domingo de junio de 2025, para periodos de ocho, 11 y 14 años. En la contienda cinco serán mujeres y el presidente de la Suprema Corte obtendrá la mayor votación.
Respecto a las plazas de jueces y magistrados, en esa elección extraordinaria en 2025 sólo se someterá a las urnas la mitad de las mismas, unas 800, y se incluirán vacantes y prejubilaciones. Para 2027, ya en una elección ordinaria, serán seleccionados por la ciudadanía 50 por ciento restante de jueces y magistrados, también bajo equidad de género.
Se mantendrán en el cargo los cinco integrantes actuales de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta la elección de 2027, en que se seleccionará a los nuevos magistrados por seis años. Los actuales no participarán y los de salas regionales se votarán en 2025.
Los coordinadores de Morena, de PT y PVEM en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, Reginaldo Salazar y Carlos Alberto Puente, acompañados del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, hicieron el anuncio y precisaron que el proyecto de dictamen estará a discusión los próximos días y se votará en San Lázaro en dos semanas.
Aportación de los foros de discusión
Ignacio Mier destacó que 60 por ciento de los cambios a la iniciativa presidencial se hicieron a partir de aportaciones surgidas durante los foros de discusión de la reforma, en la que participaron diferentes instancias del Poder Judicial, de manera concreta 66 personas.
Sostuvo que ese proyecto de dictamen incluye también cambios que dan respuesta a la preocupación que existía sobre los criterios para elegir a los juzgadores. El nuevo proyecto establece que los jueces, magistrados y ministros que decidan participar en el proceso de elección podrán participar sin ningún requisito de evaluación.
Para los candidatos que aspiren por primera vez habrá comités de evaluación en cada uno de los poderes, es decir, tanto en el Ejecutivo, la Suprema Corte y el Congreso, que verificarán que cumplan con la experiencia, trayectoria, probidad y buen nombre.
El diputado Mier precisó que en caso de que se presente un mayor número de aspirantes a lo programado –a los 30 en el caso de los ministros–, se seleccionará a los que obtengan los mayores puntajes y en caso de empate se recurrirá a la insaculación, dando preferencia a las mujeres. Será, sostuvo, un proceso transparente, sin influyentismo, en el que los juzgadores competirán por un ascenso –pasar de juez a magistrado– y también podrán participar los secretarios, que son los que hacen la chamba
en los juzgados.
Al respecto, Juan Ramiro Robledo detalló que jueces, magistrados y ministros que sean electos se someterán a dos evaluaciones. Una antes de participar –de lo que estarán exentos los actuales juzgadores– y otra un año después de ejercer el cargo, que los podría retirar si tienen un mal desempeño.
El diputado Mier precisó, por otra parte, que en el artículo décimo transitorio se establece de manera clara que no se violentarán los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial, ni sus haberes de retiro, incluidos en dos fideicomisos en materia de salud y complemento a sus prestaciones y sus salarios.
En el proyecto de dictamen se establece que el Consejo de la Judicatura continuará ejerciendo sus facultades y atribuciones, de vigilancia y disciplina en tanto se crean el tribunal de disciplina y el órgano de administración judicial.