- Mientras diputados avalan el dictamen y la iniciativa pasará a la próxima legislatura, crece rechazo de empresarios y organismos
Ciudad de México.- La polémica reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer un paso más rumbo a su aprobación en el Congreso de la Unión, pese a las preocupaciones de empresarios, países, organismos internacionales y partidos de oposición, por sus implicaciones económicas, sociales y políticas.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 22 votos contra 17 el dictamen de la iniciativa, que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular y una nueva integración de la Suprema Corte, entre otros cambios.
Con ello, la reforma está lista para pasarse al pleno de la próxima Legislatura, que tendrá mayoría calificada de Morena y aliados, para discutirse y votarse a partir del 1 de septiembre.
Durante la sesión de la Comisión, los partidos opositores (PAN, PRI, PRD y MC) afirmaron que la reforma no resolverá el rezago ni la corrupción en el Poder Judicial, transgrede la independencia de los jueces y magistrados, y representa una violación al principio democrático de la separación de Poderes.
En contraparte, el diputado de Morena, Hamlet García, calificó como “falso” que no se haya escuchado al Poder Judicial, a la sociedad y a los expertos que acudieron a los foros de discusión de la iniciativa.
Las voces contra la reforma siguen creciendo. En el sector empresarial, la American Chamber of Commerce of México (AmCham) y la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) llamaron a evaluar las consecuencias de su implementación.
“Vemos riesgos en la independencia del Poder Judicial, y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial e incertidumbre para la inversión”, dijo la AmCham.
J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, alertó que la situación actual puede llevar a que la debilidad económica que vive México se prolongue hasta 2025, “a medida que la inversión se suaviza gradualmente y las empresas frenan el gasto de capital dada la creciente incertidumbre”.
El peso sigue nervioso y se depreció a $19.40 por dólar.
Mientras tanto, el Presidente López Obrador rechazó el llamado al diálogo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial. “Es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país”.
La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, dijo estar muy preocupada por los efectos de la reforma, ya que afectará el funcionamiento del Poder Judicial.
“Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, remarcó.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó esta apreciación. “¿Qué más fuerte puede ser un Poder Judicial, que si los jueces, ministros y magistrados son electos por el pueblo?”.
Prosiguen las manifestaciones y el paro nacional de labores que arrancó el pasado miércoles. Mil 100 jueces y magistrados de Circuito solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evite la aprobación de la reforma judicial.
Las 10 claves de la reforma al Poder Judicial
— Modifica el Artículo 95 de la Constitución para permitir la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
— Se reducen de 11 a nueve los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y sus mandatos bajarán de 15 a 12 años.
— Desaparecen las dos salas especializadas de la SCJN y todos los casos se discutirán y fallarán en el Pleno.
— Habrá dos elecciones para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces; una el 1 de junio de 2025 y la otra en 2027.
— Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos organismos: un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. El primero recibirá denuncias contra trabajadores del Poder Judicial y el segundo se encargará del presupuesto y otros temas administrativos.
— Prohíbe al Poder Judicial otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
— Los magistrados y jueces no podrán tener un sueldo mayor al del Presidente de México.
— Se oficializa la extinción de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial, que se sumarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
— Establece un máximo de seis meses para resolver asuntos fiscales y un año para asuntos penales.
— Los 32 Estados deberán establecer reglas para permitir la elección popular de jueces y magistrados en sus tribunales