- Estamos legislando con perspectiva social y humanista: Olga Sosa Ruíz
CDMX.- El Senado de la República aprobó por unanimidad, una iniciativa que permitirá a las personas trabajadoras adquirir una vivienda y que busca proteger a quiénes carecen de un techo propio, al ser un derecho social, así lo expresó la senadora por Tamaulipas Olga Patricia Sosa Ruíz.
La legisladora señaló que este minuta al Artículo 123 constitucional, fortalece el sentido social del Infonavit, al facultarlo para construir viviendas, priorizando su acceso a personas que aún no cuentan con una propiedad y que han estado aportando continuamente a este instituto, previendo que las personas trabajadoras puedan acceder a la vivienda para arrendamiento social, con el derecho a adquirir la propiedad y construir un patrimonio propio, donde el trabajador no pague más del 30% de su salario.
«Esta es una oportunidad para las y los jóvenes, pero también un acto de justicia social, para que las personas trabajadoras materialicen sus sueños y añoranzas de tener una vivienda a la que llamen hogar y con esto coadyuvamos al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir al menos un millón de viviendas durante el sexenio a precio justo, con disponibilidad de servicios básicos y ubicación con acceso a escuela, servicios de salud y oportunidades de empleo».
La senadora Sosa Ruíz, dijo que con esto se deja atrás la construcción de casas al Infonavit, que durante años se concedió a constructores privados vendiendo unidades multifamiliares en la periferia de las ciudades, como solución a la vivienda digna, pero esta visión solamente generó costos inaccesibles, monopolización inmobiliaria y un déficit de casas habitación, pues en México el 30% de los trabajadores viven en condiciones de hacinamiento.
En ese sentido, explicó que con la Cuarta Transformación se recupera la responsabilidad del estado, para promover vivienda social, dignificando la vida de las personas trabajadoras, con lo que se está reivindicando el derecho a la vivienda digna y adecuada, bajo el esquema de un estado constitucional de bienestar porque las reformas realizadas en el 2020 y en el año 2023, otorgaron el derecho a las personas trabajadoras a acceder a créditos de vivienda directa, sin intermediarios para construir sus casas.