Ciudad de México.- Patricia Sánchez Nava, jueza de control del centro de justicia penal federal con sede en el Reclusorio Oriente, dictó prisión preventiva a cuatro colaboradores del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, acusados por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Aureoles Conejo está prófugo de la justicia, igual que dos ex secretarios de Seguridad Pública de Michoacán, además de Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y designado notario público por el propio ex gobernador poco antes de concluir su encargo. Las autoridades mexicanas detectaron que viajó a Argentina, aunque no ha sido localizado.
Durante una audiencia que se alargó ayer por más de 18 horas, la juzgadora acusó a Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas del gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, de provocar un daño patrimonial al estado por más de 3 mil 400 millones de pesos.
Asimismo, la juzgadora decretó como medida cautelar que Villegas Pineda y Maldonado Mendoza permanezcan recluidos en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras Delgado Murillo y Bernal Bustamante permanecerán detenidos en el Reclusorio Oriente. La continuación de la audiencia inicial será el próximo jueves, cuando se definirá su situación jurídica. La fiscalía argumentó la necesidad de que permanezcan privados de la libertad debido al riesgo de fuga.
Los ex servidores están imputados, junto con Aureoles, de realizar una operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Cualcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Durante la acusación, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción explicó que los inmuebles habían sido arrendados por periodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, que recibió dicha encomienda por adjudicación directa, pese a haber sido creada de forma muy reciente –en 2015–, lo cual, a decir de las autoridades federales, ya daba idea de la mala administración de los recursos públicos.
En la diligencia –a la cual sólo ingresaron un medio televisivo y La Jornada–, se hizo énfasis en que la mencionada operación, realizada de manera sumamente inexplicable e irracional, fue posible gracias a que Aureoles, en su calidad de gobernador de Michoacán, firmó los acuerdos necesarios.
Una vez hecho el arrendamiento, se realizaron modificaciones al contrato para añadirle servicios de mantenimiento, conservación y limpieza a los cuarteles –nuevamente por adjudicación directa–, por cifras promedio de 55 millones de pesos, a plazos de 56 meses.
Además, Inmobiliaria Dip incurrió en una falta al alquilarle los inmuebles a la SSP de Michoacán, porque dichos sitios no eran de su propiedad en ese momento, sino que los adquirió en compra en años posteriores. Arrendó aire, porque no era dueña de nada, acusó el representante de la Auditoría Superior.
Unos meses después, el gobierno de Aureoles decidió hacerse de los inmuebles que originalmente había arrendado, pero lo hizo pagando sobreprecios por ellos, lo que resulta una violación de los principios de eficacia y buena utilización de los recursos públicos.
Según la fiscalía anticorrupción, el inmueble de Apatzingán finalmente se escrituró por 210 millones 562 mil pesos; el de Coalcomán, en 216 millones 699 mil; el de Huetamo, en 128 millones 277 mil pesos; el de Jiquilpan, en 212 millones 999 mil pesos; el de Lázaro Cárdenas, en 294 millones 616 mil; el de Uruapan, en 268 millones 624 mil pesos, y el de Zitácuaro, en 220 millones 659 mil.
Sin embargo, estudios posteriores hechos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinaron que en el caso de Apatzingán se pagó un sobreprecio de 76 millones de pesos; en Huetamo, de 37.4; en Jiquilpan, de 90.4; en Lázaro Cárdenas, de 163.4; en Uruapan, de 64.2; Coalcomán, 116 millones, y en Zitácuaro, de 103.8 millones.
Al inicio de la audiencia, Antonio Bernal estuvo incluso sonriente por algunos momentos, contrario a la actitud de preocupación y tristeza de Elizabeth Villegas, a quien en el transcurso de la diligencia se le vio llorando y cabizbaja.
Asimismo, la defensa de los imputados solicitó varias horas para analizar las constancias del expediente; en el caso de Maldonado, intentó retrasar la diligencia argumentando que tenía problemas de presión arterial. Sin embargo, las revisiones médicas que le practicaron revelaron que su estado era normal.