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Proponen eliminar retroactivos millonarios a personas Magistradas y Consejeras electorales

Cd. Victoria, Tam.- Con el objetivo de establecer medidas que fortalezcan los principios de austeridad republicana y disciplina financiera en los organismos electorales del estado, el diputado Elifa Gómez presentó ante el Pleno Legislativo una iniciativa para modificar el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

La propuesta tiene como finalidad regular y limitar las liquidaciones otorgadas a las y los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), así como a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado.

El legislador argumentó que esta reforma responde al compromiso del Estado con los principios de racionalidad en el gasto público, austeridad republicana y uso eficiente de los recursos, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos concretos, la iniciativa propone reformar el párrafo noveno de la base III y el párrafo décimo primero de la base VI del artículo 20 de la Constitución local, a fin de prohibir que se otorguen cuantiosas liquidaciones al término del encargo de las personas consejeras y magistradas electorales, como actualmente se prevé en las Condiciones Generales de Trabajo del IETAM y en el Manual de Remuneraciones del Tribunal Electoral.

La acción legislativa detalla que, actualmente, al término del cargo, un consejero electoral puede recibir una suma total de más de cinco millones de pesos, libre de impuestos, por concepto de “apoyo económico único” y otras prestaciones.

Por su parte, una magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Estado podría recibir más de dos millones y medio de pesos, equivalentes a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.

El diputado Gómez enfatizó que estas compensaciones resultan excesivas y contrarias a los principios de austeridad republicana promovidos por el Gobierno Federal, recientemente reflejados también en las reformas al Poder Judicial tanto federal como local.

“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Es incongruente que, mientras se piden sacrificios a la ciudadanía, ciertos servidores públicos reciban liquidaciones millonarias financiadas con recursos públicos”, señaló el legislador.

Finalmente, destacó que esta iniciativa coincide con los lineamientos éticos del movimiento de transformación nacional, los cuales exigen a las y los servidores públicos conducirse con honestidad, austeridad y vocación de servicio.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

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