- Estas medidas fiscales pueden servir como palanca eficaz para reducir el consumo de carnes asociadas a enfermedades crónicas y al alto impacto ambiental, dicen los autores del estudio
Ciudad de México.- Aplicar un impuesto sobre la carne roja y procesada en México podría reducir su consumo, mejorar la salud pública y favorecer la sostenibilidad ambiental, según un estudio liderado por la Universidad de Edimburgo y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
El estudio, publicado ayer viernes 27 de junio en la revista científica Plos One, concluye que un aumento del 10% en el precio de la carne procesada reduciría su consumo en un 8.3%, mientras que una subida similar en la carne roja implicaría una caída del 7.9% en la demanda.
Según los autores, estas medidas fiscales pueden servir como palanca eficaz para reducir el consumo de carnes asociadas a enfermedades crónicas y al alto impacto ambiental.
En 2023, México incorporó por primera vez criterios de sostenibilidad en sus Guías Alimentarias Nacionales, que recomiendan reducir el consumo de carne roja y evitar la procesada.
«El cambio climático ya está aquí, y no tenemos suficientes recursos en el planeta para mantener la demanda global de carne», dijo a EFE la autora principal, Kaela Connors. «Los impuestos son una herramienta eficaz y rentable para fomentar una alimentación más saludable y sostenible».
Los hogares de menores ingresos son los que más reducen su consumo de carne cuando suben los precios, aunque ya consumen menos que los grupos de mayores ingresos. Además, tienden a sustituir la carne por alimentos nutritivos y accesibles de la dieta tradicional, como legumbres o mariscos.
Para evitar que estas medidas agraven las desigualdades, Connors propone destinar parte de la recaudación a subsidios o vales para alimentos saludables. «La clave está en garantizar que las alternativas nutritivas sean asequibles», añadió.
La investigadora de la Universidad de Edimburgo, que trabajó previamente con el INSP, considera que México está en una posición ideal para adoptar esta política: «Tiene un historial pionero, fue el primer país en aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas en 2014, y ahora ha incorporado la sostenibilidad en sus guías alimentarias».
La investigación se diferencia de análisis previos porque va más allá del diagnóstico y propone una hoja de ruta concreta para intervenir desde la política fiscal.
Connors instó a aprovechar el respaldo político actual, marcado por iniciativas como la prohibición de comida «chatarra» en las escuelas públicas, para avanzar hacia una alimentación más saludable y sostenible.
«Es una oportunidad para que México logre al mismo tiempo sus objetivos de salud pública y de sostenibilidad», concluyó.