POR José Inés Figueroa Vitela
Mucha alharaca han hecho los rescoldos de oposición y sus cajas de resonancia, por lo que pomposamente han llamado la “ley Espía”.
A eso están dedicados: a buscar nombres rimbombantes para ponérselos a las acciones que se despliegan desde el gobierno, sus liderazgos y representaciones partidistas, atacándolas invariablemente, como único instrumento con el que pretenden recuperarse del desprecio ciudadano.
Igual, en forma inexorable, los señalamientos de los que se han valido con la inútil idea de menguar al movimiento de las mayorías, se han vuelto en su contra, bajo la premisa de que cualquier paja que anden buscando en el ojo ajeno, chocará con la viga que cargan en el suyo propio.
¿Quieren hablar de espionaje?
Que lo hagan; ellos saben mucho de lo que hicieron cuando pasaron en el poder y conservaron, después de que lo dejaron, con aviesas intenciones.
Las historias del CISEN en tiempos del unipartidismo son celebérrimas y tortuosas; en la mutación prianista, las denuncias de activistas sociales y líderes políticos, por hallazgos en la invasión a su privacidad a partir de la intervención de sus teléfonos y computadoras, de parte del gobierno, fueron de escándalo.
La recién revelada denuncia por sobornos por 25 millones de dólares, que una empresa isrraelí había entregado al expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO, a cambio de los contratos que le dió su gobierno para espiar a particulares,
evidencía el tamaño de los recursos públicos aplicados y desvíados bajo ese pretexto, pero además,, es pecara minuta en el universo de la invasión del Estado, en el pasado, hacia la privacidad de los individuos.
Solo en México y Tamaulipas, no pasó nada, luego que un hackeador internacional desenmascaró los tratos y contratos de la empresa italiana Hacking Team, dedicada a sembrar malawares -virus intrusivos- en teléfonos inteligentes y equipos de cómputo, con los que sus clientes podían escuchar y ver a través de esos equipos personales.
En el universo, entre grupos terroristas de medio oriente y bandas delincuenciales europeas, los gobiernos de México como país y Tamaulipas como Estado, fueron los que más servicios de ese tipo compraron y pagaron a la empresa de marras.
En la web están las pláticas que sostuvieron, los contratos y cursos de capacitación pactados, pero decía, aquí no pasó nada, mientras en otros lugares corrieron las denuncias y juicios contra los involucrados que debieron pagar multas y cárcel.
El juicio aquel, que involucra al último Presidente priísta, se desarrolla en Israel, donde los socios se andan peleando por los dividendos del negocio y el soborno multimillonario depositado en México.
Algunos de aquellos prianistas conservaron el espionaje furtivo, ilegal, luego que fueron echados del gobierno, buscando coronar apetitos personales, inclusive, con algunos de los que hoy gritan y se desgarran las vestiduras, reclamando por la disque “Ley Espía”.
Ellos preferirían que siguiera sin existir una ley que regule la intervención de los aparatos de telefonía, para violentar la privacidad de los particulares de manera indiscriminada e impune, como en el pasado.
Quieren que quienes compren un aparato celular, no dejen huella de su identidad, para que los de la delincuencia común puedan seguir extorsionando, amenazando y causando miedo entre la sociedad civil, porque así ellos pueden seguir denostando y persiguiendo adversarios, en su calidad de “delincuentes de cuello blanco”.
No quieren que un juez pueda autorizar la ubicación de una persona, o sus movimientos financieros, porque así pueden dar con la ubicación del dinero que ellos han robado impunemente, recuperarlo, aprehenderlos y castigarlos.
Dicen que con la nueva ley “van por todos”, porque, de manera criminal ellos así lo hicieron en su tiempo y al final del día, lo que temen es que, en tratándose de una efectiva persecución de delincuentes, la ley termine por alcanzar a ellos.
Ya lo dijo la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: no se trata de una medida general, discrecional, persecutoria; es un instrumento para la seguridad y la justicia, que siempre deberá ser suficientemente justificada, para que un juez otorgue la medida.
¿Ley Espía? ¿O espionaje delincuencial desde el Estado?
Esa es la cuestión.