Cd. Victoria, Tam.- La Diputación Permanente del Congreso local aprobó por unanimidad cuatro Puntos de Acuerdo mediante los cuales se resolvieron las renuncias voluntarias presentadas por personas electas como juezas y jueces de Primera Instancia en distintos distritos judiciales de la entidad, designando a sus sustitutos conforme a lo establecido por la Constitución local, la legislación electoral y los principios de paridad de género.
Las personas que presentaron su renuncia al cargo, y cuya voluntad fue ratificada personalmente ante esta Soberanía, son: Ivonne González Salinas, electa como Jueza de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial III, en Nuevo Laredo; Anabel Almazán Botello, electa como Jueza de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial II, en Altamira; Yaritza Adziry Bonilla Molina, electa como Jueza de Primera Instancia en Materia Mixtos Civil y Familiar en el Distrito Judicial VII, El Mante; y Javier Colunga Reséndiz, electo como Juez de Primera Instancia Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial IV, en Matamoros.
En apego a los principios de legalidad, definitividad, firmeza de los resultados electorales y paridad, el Congreso del Estado designó a las siguientes personas como sustitutas y sustitutos en los respectivos cargos: en sustitución de Ivonne González Salinas, Alan Fernando Rubio Rodríguez; de Anabel Almazán Botello, Luis Adrián Santamaría Arista; de Yaritza Adziry Bonilla Molina, Cristian Reyes García; y de Javier Colunga Reséndiz, tras la declinación de Ángel Valencia Martínez, se designó a Claudia Edith Villasana Vela.
En algunos casos, debido a la inexistencia de candidatas del mismo género o por la declinación expresa de una candidatura, se recurrió a los criterios de paridad flexible reconocidos por la jurisprudencia electoral, con el objetivo de garantizar tanto la continuidad institucional como el equilibrio de género en el Poder Judicial.
Las personas designadas rendirán protesta el próximo 30 de septiembre, integrándose al nuevo Pleno del Poder Judicial del Estado, que entrará en funciones el 1 de octubre de 2025.