Cd. Victoria, Tam.- En sesión ordinaria, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, en conjunto de todas las bancadas que integran la Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas, presentó una iniciativa para solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dar seguimiento a una propuesta de gran relevancia en materia de salud y derechos laborales.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 75 Bis a la Ley Federal del Trabajo y el artículo 31 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el fin de establecer un permiso laboral anual con goce de sueldo para la realización de estudios médicos preventivos enfocados en la detección oportuna del cáncer.
Durante su intervención, la diputada Huerta Valdovinos recordó que esta propuesta fue presentada originalmente en el Senado de la República el 9 de octubre de 2018 por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat y fue dictaminada favorablemente en febrero de 2023 por las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, Salud y Estudios Legislativos Segunda. Actualmente, se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Diputados.
“Garantizar a las y los trabajadores un día al año, con salario íntegro, para realizarse estudios médicos preventivos no solo es un derecho laboral, sino un derecho humano reconocido en instrumentos nacionales e internacionales”, afirmó la legisladora.
Asimismo, citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que indican que en 2023 se registraron más de 91 mil defunciones por cáncer en México, siendo esta enfermedad una de las principales causas de muerte en el país.
La diputada destacó que el costo económico de faltar al trabajo para realizarse chequeos médicos es una barrera para muchas personas, por lo que la iniciativa busca eliminar ese obstáculo y fomentar la prevención como una herramienta vital para salvar vidas.
La legisladora también señaló que en Tamaulipas ya existe una legislación local que garantiza este derecho a las personas trabajadoras al servicio del Estado; sin embargo, es necesario extenderlo a nivel nacional para que todas las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, tengan acceso a este beneficio sin afectar su salario ni sus prestaciones.
La iniciativa, apoyada por todas las bancadas del Congreso local, fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen correspondiente.