- Presenta dictamen Senadora Olga Sosa Ruiz, considerada acto de justicia para 500 mil productores.
- Establece la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana y el Sistema Nacional de Información de Cafeticultura; esenciales para gestar precios y mercados y abatir costos de intermediación
- Se prioriza el cultivo bajo sombra; habilita a la Secretaría de Agricultura a diseñar mecanismos de certificación de origen. Posicionar el grano mexicano en los mercados de especialidad ligando la producción a la conservación ambiental y a ingresos dignos, el objetivo.
Ciudad de México.- El Senado aprobó por unanimidad la expedición de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura para fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización del café con un enfoque de preservación del medio ambiente y acompañamiento técnico, financiero y organizativo a los productores.
La Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, Presidenta de la Comisión de Agricultura, subrayó durante la presentación del dictamen que el fin de la ley es «establecer criterios que fomenten la producción, consumo y comercialización del café, un producto básico y estratégico para el país», enfatizando que la aprobación constituye un «acto de justicia ante una demanda histórica».
Para lograrlo, la ley establece que la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana fungirá como una instancia multisectorial de diálogo y concertación entre los sectores público, social y privado y determina que el Sistema Nacional de Información de Cafeticultura documentará y proporcionará información actualizada y accesible sobre precios y mercados, un factor clave para que los pequeños agricultores dejen de pagar los altos costos de la intermediación.
El Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, impulsor de la iniciativa, sostuvo que la legislación busca que el sector «vuelva a manos de quienes la trabajan». El legislador morenista denunció que, por más de 30 años, los cafeticultores vieron cómo otros se enriquecían mientras sus cosechas generaban ingresos precarizados, y enfatizó que la norma permitirá integrar a los campesinos a las cadenas de valor, «no como un eslabón débil, sino como protagonistas».
La Senadora Susana Harp, también promotora, destacó el enfoque ambiental y de gestión de la norma.
Señaló que la propuesta busca fortalecer la capacidad de gestión de los pequeños productores al brindarles mejor información sobre precios y condiciones de mercado, y resaltó el fomento de prácticas de cultivo sostenible como el café de sombra, una aportación de México al mundo que protege la biodiversidad.
El Senado de la República culminó la aprobación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura con un voto unánime, un hito legislativo calificado por la mayoría como un acto de «justicia histórica» enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República.
La norma busca revertir el abandono estructural de la actividad cafetalera, promoviendo la producción, industrialización y comercialización bajo criterios de sustentabilidad y equidad social. La legislación, turnada para promulgación del Ejecutivo Federal, es un instrumento estratégico que impacta directamente a más de 500 mil productores que dependen de este cultivo fundamental para la economía rural.
La crisis a la que la nueva ley hace frente se gestó a partir de la década de 1990 tras la eliminación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) en 1989. La desaparición de este organismo representó el desmantelamiento de la política de Estado que regulaba precios, ofrecía financiamiento y brindaba asistencia técnica a los campesinos.
El vacío institucional dejó a los pequeños productores, que dominan el sector, en un estado de indefensión ante la volatilidad del mercado global. Las consecuencias se reflejaron en la falta de una política de protección que condujo a una profunda precarización de la vida en el campo y una fuerte caída en la productividad. México perdió su liderazgo internacional, cayendo del cuarto productor mundial en 1987 al undécimo en 2017 y tocando los niveles de producción más bajos desde los setenta.
La Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura se enfoca en resolver la desigualdad estructural que ha dejado a 3.5 millones de familias en la dependencia económica del grano, de las cuales cerca del 61% pertenecen a comunidades indígenas, condición que dominó el debate legislativo.
La implementación de esta ley abre un nuevo horizonte para el sector cafetalero mexicano, cuyo impacto trasciende la agricultura. A corto plazo, se espera que el nuevo marco institucional permita la creación de políticas públicas que pongan freno a la emigración de jóvenes y al envejecimiento del padrón de productores. La transparencia en la información de precios, impulsada por el Sistema Nacional, es la herramienta inmediata prevista para elevar la rentabilidad de las cosechas.
A mediano plazo, el enfoque en la sustentabilidad económica, social y ambiental es el eje de crecimiento. La ley habilita a la Secretaría de Agricultura a diseñar mecanismos voluntarios de certificación de origen, lo que es indispensable para el posicionamiento del café mexicano en el mercado internacional de especialidades. El objetivo final es un desarrollo rural con visión de futuro, donde el cultivo del café no solo sea un producto básico, sino un motor de conservación ambiental y una fuente de ingresos dignos, cerrando el capítulo de abandono heredado desde el desmantelamiento del Inmecafé.