- Se tenía previsto cobrar un gravamen de 8%, pero existen dificultades para hacer efectiva su aplicación
Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes 23 de diciembre que su gobierno decidió no cobrar el impuesto del 8% a los videojuegos previsto a partir de 2026, ante las dificultades para hacer efectiva su aplicación.
En su conferencia «La Mañanera del Pueblo» de hoy martes, la Mandataria mexicana argumentó que aplicarlo sería inviable por la dificultad que supone separar con claridad los títulos con contenido violento de los que no lo tienen, al tiempo que se abriría un debate sobre qué dependencia o agencia deberá ser la que determine el contenido de cada videojuego.
Sheinbaum explicó que ella misma había solicitado retirar ese gravamen, pero que «al final no se quitó de la ley de ingresos», aprobada por el Congreso para 2026, por lo que ahora el Ejecutivo tomó la decisión de que «no se cobre el impuesto».
«Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia?», planteó.
La Presidenta Sheinbaum enmarcó el tema en la discusión sobre salud mental y adicciones, al señalar que el consumo de videojuegos —particularmente en línea— se ha convertido en un fenómeno «nuevo» respecto a años previos y que, aunque tiene «lados positivos», requiere análisis y revisión del contenido, sobre todo cuando incluye componentes de violencia.
La alternativa al impuesto
Como alternativa al impuesto, Sheinbaum dijo que el Gobierno enfocará esfuerzos en campañas para jóvenes y adolescentes sobre los riesgos asociados a este tipo de contenidos.
«Tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes», indicó, al advertir que muchos juegos «son en línea» y «generan una adicción al videojuego».
Por ello, la Presidenta añadió que el objetivo será fortalecer la estrategia de comunicación social y prevención vinculada a la «construcción de la paz», dentro de un plan «por la paz y contra las adicciones», en lugar de mantener un esquema fiscal que —sostuvo— tiene «muchas complicaciones».