Matamoros, Tamaulipas.- El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) mantiene acciones permanentes de acompañamiento y gestión institucional, en coordinación con albergues y organismos internacionales, dirigidas a personas migrantes extranjeras de diversas nacionalidades que residen en los municipios de Reynosa y Matamoros, algunas alojadas en albergues y otras en viviendas rentadas, con el objetivo de facilitar su inclusión social, educativa y laboral en el estado.
Juan José Rodríguez Alvarado, director general del ITM, destacó que mediante la atención directa a personas migrantes provenientes de Venezuela, Centroamérica y otras nacionalidades, el instituto contribuye a garantizar su acceso a servicios básicos, en coordinación con las instancias correspondientes y promoviendo en todo momento un trato digno con enfoque en derechos humanos.
Entre los servicios brindados a esta población se encuentran el apoyo y acompañamiento para lograr la regularización migratoria y la condición de refugio; el derecho a la identidad mediante el registro de nacimiento de sus hijas e hijos; así como su incorporación al sistema educativo, la canalización a servicios de salud y atención psicosocial, la vinculación con sus consulados y el seguimiento de situaciones de vulnerabilidad o discriminación.
Rodríguez Alvarado señaló que estas acciones se desarrollan ante los retos que enfrentan distintas poblaciones en movilidad, incluidas aquellas derivadas de la cancelación del programa CBP One, cuyos efectos han llevado a que algunas personas opten por permanecer en Tamaulipas y busquen integrarse de manera ordenada a la vida comunitaria.
De manera complementaria, el ITM brinda acompañamiento a personas mexicanas repatriadas, ya que algunos connacionales provenientes de otros estados han decidido permanecer en Tamaulipas al no contar con redes familiares en el país, dado que sus familiares residen en Estados Unidos, lo que representa una nueva realidad en materia migratoria.
El trabajo del ITM se enmarca en la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a garantizar una atención digna, solidaria y responsable a las personas en contexto de movilidad, fortaleciendo la cohesión social y el respeto a los derechos humanos.