Cd. Victoria, Tam.- El Pleno del Congreso local aprobó, en todas y cada una de sus partes, la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman y adicionan disposiciones del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límites a las remuneraciones de las personas servidoras públicas, así como a las jubilaciones y pensiones en el sector público.
Durante el análisis en tribuna, la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo destacó que esta reforma establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente, ni percibir ingresos iguales o superiores a los de su superior jerárquico, salvo en los casos previstos por la propia Constitución.
“Esta minuta fija parámetros constitucionales, en congruencia con los principios de austeridad, racionalidad y responsabilidad hacendaria”, señaló.
Asimismo, se fija que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y demás entidades paraestatales de los tres órdenes de gobierno no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.
También se establece que los instrumentos jurídicos no podrán contemplar condiciones que rebasen dichos límites, en apego a los principios de austeridad, racionalidad y responsabilidad hacendaria.
Por su parte, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente destacó la relevancia social de la medida, así como la necesidad de garantizar certeza jurídica en su aplicación.
“Votar a favor de esta minuta no es una decisión cómoda, es una decisión necesaria. Las llamadas pensiones elevadas resultan ofensivas en un país donde millones de personas han trabajado toda su vida sin acceso a una pensión digna”.
Con esta aprobación, el Congreso local refrenda su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, el fortalecimiento del marco constitucional y la construcción de un sistema más equitativo en materia de remuneraciones y pensiones.