- La gobernadora Margarita González Saravia descartó protección partidista tras la detención de funcionarios de Cuautla y Atlatlahucan vinculados al Cártel del Pacífico
Ciudad de México.- La crisis política en Morelos ha estallado: con alcaldes prófugos o detenidos por nexos con el Cártel del Pacífico, el estado enfrenta un vacío de poder sin precedentes. Este golpe al crimen organizado y la política local redefine el control de tus municipios y abre un debate urgente sobre la infiltración criminal.
«No vamos a proteger a nadie», dice gobernadora
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció trabajo político para resarcir la crisis política en los municipios de Atlatlahucan y Cuautla, cuyos alcaldes son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su relación con el Cártel del Pacífico.
Dijo que apoyarán a las síndicas municipales para asumir el cargo provisional de presidentas municipales, y después integrará ternas que enviará al Congreso estatal para elegir a los alcaldes sustitutos.
El miércoles, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejecutó seis de 10 órdenes de aprehensión en contra de los alcaldes de Cuautla —quien está prófugo— y Atlatlahucan; el tesorero de Cuautla, así como el oficial mayor en turno y su antecesor. También detuvieron al expresidente municipal de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, y a la consejera estatal de Morena, Arisbel Rubí Vázquez.
«Nosotros no vamos a proteger a nadie. Como ustedes se dieron cuenta, todos los detenidos son de diferentes partidos, incluyendo la consejera de Morena, del PAN prácticamente todos los alcaldes y algunos de Movimiento Ciudadano. Aquí no se trata de un tema partidario», dijo.
La gobernadora respaldó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de someter a exámenes de control y confianza a todos los políticos, para garantizar que no tienen vínculos criminales.
Buscan amparo
El edil de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, la consejera electoral de Morena, Arisbel Rubí, así como el tesorero y el exoficial mayor de Cuautla, Jonathan Espinoza Salinas y Horacio Zavaleta, obtuvieron ayer suspensiones provisionales para evitar ser incomunicados y extraditados a Estados Unidos.
La resolución establece: «Se decreta de plano la suspensión a la parte quejosa (…) para el efecto de que inmediatamente cese cualquier acto que implique incomunicación, desaparición forzada y deportación o expulsión».