- Como consecuencia de los enfrentamientos de grupos criminales rivales se lanzaron bombas, se realizaron disparos de arma de fuego «contra la población»
Ciudad de México.- Un niño y un adolescente, murieron y una niña resultó gravemente herida, por el accionar de grupos armados de corte paramilitar y los enfrentamientos entre miembros de organizaciones criminales rivales, entre el 22 de mayo al 2 de junio, en los municipios de Chenalhó y Frontera Comalapa.
El miércoles retornó a El Lajerío el último grupo de 50 desplazados por los enfrentamientos. Estaban resguardados en casas de familiares y conocidos de Tuxtla.
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) manifestó su «más profunda preocupación» por el escalamiento de la violencia armada en esta entidad y sus impactos en los niños, principalmente en Chenalhó y Frontera Comalapa.
En Frontera Comalapa, explican que como consecuencia de los enfrentamientos de grupos criminales rivales se lanzaron bombas, se realizaron disparos de arma de fuego «contra la población», además hubo reclutamiento forzado de hombres jóvenes y «la destrucción de viviendas en las comunidades El Lajerío y Candelaria».
Unas tres mil 500 personas de El Lajerío dejaron sus hogares para buscar refugio en otras comunidades y municipios. «Para inicios de junio se ha iniciado un gradual retorno de la población a sus comunidades y se empieza a conocer la magnitud de los efectos de la jornada de violencia», señala la REDIAS.
Bala perdida mata a adolescente
Un adolescente de 15 años de edad falleció por una bala perdida en El Lajerío, dice la organización que trabaja con infantes, en el escrito titulado: «Llamado urgente para atender a niños, niñas y adolescentes en desplazamiento forzado por la violencia en Chiapas».
En Chenahó, el 2 de junio, «un ataque perpetrado por un grupo armado en Polhó tuvo como resultado siete personas muertas y tres heridas, entre ellas un niño de tres años que fue asesinado y una niña de 11 años con heridas de arma de fuego en el tórax».
La organización sostiene que ante estas «situaciones de violencia extrema», los infantes y adolescentes «están expuestos a perder la vida y sufrir daños irreparables a su salud, integridad, vivienda y patrimonio».
«El temor y desplazamiento impide su regreso a las escuelas, y la falta de actuación de las instituciones para prevenir y atender estas situaciones les coloca en riesgo de ser utilizados por grupos criminales», agrega.