POR José Inés Figueroa Vitela
La explicación que fue a dar a las Comisiones Legislativas el Secretario de Finanzas, acompañado del Director de Control Patrimonial de la UAT, sobre la sospechosa venta de vehículos de la institución a particulares, acabó de inculparlo y salpicó a terceros.
Ya no es solo que FRANKLIN HUERTA CASTRO se haya aprovechado de su cargo para hacerse de una flamante camioneta de lujo, como quedó demostrado en su dicho de que la camioneta se vendió por gastalona de gasolina y ser un imán para los delincuentes, que le pesaba mucho en el servicio público, pero en tratándose del pago del combustible de su bolsillo y la expuesta a la inseguridad fuera su familia “estaba bien”.
En la justificación de que la unidad no se vendió barata -564 mil 485 mil pesos- al intermediario que luego “se la pasó” a él por 620 mil pesos, dentro de un paquete de siete unidades, en un lote de a 701 mil pesos, sigue “bajando el cero y no contiene”.
Eso sería equivalente a decir que las seis unidades restantes -entre las que se encuentra una pick up Toyota tacoma 2010 4×4 valuada en el mercado en 260 mil pesos-, se vendieron en un promedio cercano a los 20 mil pesos cada una.
“Podrían ser unidades chatarra”, pretendió decir, sin confirmar, el funcionario, abriendo otro abanico de suspicacias, al margen de que hasta en el “fierro viejo”, se paga más cualquier vehículo, acotó entonces el diputado Presidente de la Comisión Anticorrupción, HUMBERTO PRIETO HERRERA.
Hace un año que vendieron 67 vehículos usados, subastados entre sus trabajadores, la misma UAT publicó la convocatoria y el fallo, con el precio ofertado, el nombre y hasta el número de empleado que ganó, además de la identidad de los demás ofertantes; ahora, dijeron que “los derechos” de este comprador prohíben decir quién fue.
Pero en las mismas lógicas, además, resulta inverosímil que si para el caso de la camioneta ahora de la esposa del Tesorero, se trató de “la joya de la corona” en el universo de las unidades vendidas los últimos dos años, junto con ella la UAT se hubiera guardado pura chatarra para comercializarse.
¿Quién compró las otras seis unidades a trasmano del intermediario?, ¿en qué condiciones estaban?, ¿cuánto pagaron realmente por ellas?, ¿también están involucrados otros funcionarios?
Las interrogantes dejadas tras la comparecencia del inculpado FRANKLIN y el Director de Control Patrimonial MARCO TULIO TRETO SOTELO, se vuelven índice de fuego, en las sospechas de actos de corrupción cometidos en ese procedimiento.
Evidentemente, hay un mar de complicidades que podrían estar alcanzando al mismo Rector GUILLERMO CAVAZOS MENDOZA, primero en desdoblar una defensa férrea de su colaborador y toda la estructura, encargada de salvaguardar y dar seguimiento al patrimonio universitario.
Declarar inútil para el servicio público un vehículo, porque ya se compraron otros que hacen su función hace de desincorporación todas las unidades que se tengan, a como estén; recuperar las primas del seguro de vehículos que ya se había dispuesto vender es una respuesta que tampoco satisface a alguien.
De esto y aquello se nutre el reclamó para que las investigaciones se sigan ampliando y se lleven hasta sus últimas consecuencias.
El tema no es en cuánto se vendió el patrimonio universitario; es cómo se hizo de manera obscura, violando leyes y procedimientos, para terminar en manos de la esposa del encargado de cuidar los recursos universitarios y de él mismo, en la sociedad conyugal que comparten.
Los tamaulipecos esperan respuestas más amplias y que se haga justicia.
Desde el Congreso Local, también la convocatoria al Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, para que el próximo 5 de diciembre acuda a reunión de trabajo en la Comisión de Vigilancia, apunta a privilegiar las primicias de la transparencia y rendición de cuentas.
Los diputados quieren saber exactamente, en qué se basó para determinar que 35 cuentas de ayuntamientos y entes paramunicipales, del ejercicio 2022, se presentaron inconsistencias que hacen de no aprobarse tales ejercicios.
Y por qué, en un caso se exculpó de la revisión.
En dos meses, el actual Auditor concluirá el ejercicio para. El que fue designado y sigue debiendo a la representación popular que le ha venido reclamando transparentar su propia actuación.
Sobre todo, en lo qué haces la calificación del pasado sexenio, cuyas cuentas ha mantenido encerradas, a piedra y lodo.