POR José Inés Figueroa Viteela
La cancelación el Contrato de videovigilancia a una empresa privada, que asignó el pasado gobierno, y la definición de los montos rescatados a los temas de seguridad, es apenas la punta de uno de los tantos icebergs de corrupción que dominaron el paso del PAN por el gobierno tamaulipeco.
La empresa TRES10 S.A. de CV, creada ex profeso para el asalto al presupuesto de los tamaulipecos, bajo la denominación fiscal TRE190613Q89, durante el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, es filial de las empresas. PICORP y Seguritech Privada, todas, asociadas a RENÉ BUSTOS SOLER.
Aparecieron en 1995, como un negocio de venta de alarmas domiciliarias y en la consumación del prianato, con ENRIQUE PEÑA NIETO, pero desarrollando clientela desde el desbordamiento de la inseguridad en el Calderonato, su salto kilométrico les alcanzó para facturar cientos, hasta miles de millones de pesos, como fue la intención en Tamaulipas.
De los priístas Estado de México e Hidalgo, brincaron a los panistas de Guanajuato, Baja California y Chihuahua -botones de muestra-, donde el reclamo fue del tamaño de la opacidad, abuso e inconsistencias observadas por la sociedad, siempre bajo la polémica.
En Baja California, durante la última administración panista, intentaron ejercer un contrato por 4 mil 660 millones de pesos, a 20 años, a través de la misma figura de Asociación Pública Privada, que fue prohibida por la Ley de Disciplina Financiera; lo cancelaron y reiniciaron el proceso para en el 2018 reasignarlo, por 789 millones de pesos a pagar en 10 años.
El de acá, pactado un año después, superaba el monto mayor de allá y reducía el tiempo de amortización a seis años, convenientemente acomodado para endilgarlo al presente sexenio.
En los términos de su legislación local, allá hoy mismo se apuran denuncias contra todos los involucrados, frente a la eventualidad de que los delitos puedan prescribir el año próximo, que fenecen los siete años de vigencia.
Señalan a todos quienes firmaron los procesos de licitación y el contrato respectivo; reconocidos juristas exponen que, además, el gobierno del estado podría entablar una acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, basados en que otorgó derechos que no corresponden, porque es una licitación sobre productos sobrevaluados y con un precio excesivo que, al final del día, le causa un perjuicio al erario.
En medios locales expusieron las tablas del valor real del equipo usado y a cómo se facturó, además de tarifas por servicios de operación y mantenimiento insostenibles; las mismas que aquí, corregidas y aumentadas justificaron el saqueo.
El Consejo Ciudadano, allá hizo un estudio, donde el costo planteado en el contrato, solo de suministros, resultó 300 millones mayor al del mercado, como en su tiempo lo expuso en la sesión de octubre de 2017 el entonces diputado, CATALINO ZAVALA.
En el aquí y ahora, la empresa Seguritech Privada SA de CV -de la que es filial TRES10- sigue cobrando casi 204 millones trimestales al Gobierno panista de Chihuahua, por el servicio de videovigilancia de lo que allá se denominó la “Plataforma Centinela”.
Dos millones 266 mil pesos diarios por un servicio que no ha cumplido con la reducción de los homicidios en un 90 por ciento, como lo prometió la Secretaría de Seguridad Pública estatal, facturando al mes pasado mil 768 millones 628 mil 083 pesos.
No ha construido la mentada Torre Centinela de 20 pisos en Ciudad Juárez, que debió terminarse en enero, y solo ha habilitado 6 de los 13 subcentros Centinela anunciados, con un contrato que se dio por adjudicación directa y que fue clasificado como información reservada durante cinco años.
En el Puebla panista del 2015 fueron 278 millones de pesos, en Guanajuato -a donde se llevaron las “torres de pánico” cuando se trajeron las mochilas parchadas-, 500 millones, siempre justificados en el estado de descomposición social que, desde el gobierno central y en los locales de su filiación tanto alentaron.
Por eso se dice que, aun hay mucho mar de fondo y no debe terminar en borrón y cuenta nueva, la cancelación del contrato y reasignación de las partidas frustradas en su desviación hacia aquellos leoninos negocios.
Justicia es otra cosa.
Por eso votaron los mexicanos y los tamaulipecos el pasado dos de junio; porque se acaben de ir los saqueadores del erario público y en su partida, reciban el castigo correspondiente.
¿Cómo que chalupa y “buenas”?