Cd. Victoria, Tam.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, en base a informes del órgano técnico fiscalizador, dictaminó 26 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 de aprobarse y otras 49 de rechazarse, mientras que de once se dejó abierta la posibilidad de entablar procedimientos penales.
Además, decretó un dictamen suspensivo sobre 190 cuentas correspondientes al 2022, con el fin de recabar más información que permita una resolución concluyente y aparte, declaró viable el Programa Anual de Auditoría para el año próximo.
El Diputado Claudio Alberto De Leija Hinojosa destacó que se realizó una segunda revisión a las Cuentas Públicas del 2021 a las entidades sujetas de fiscalización por parte de la ASE, derivado de la deficiente primera revisión realizada por el anterior titular.
De los 86 informes específicos recibidos, 11 entidades ya fueron resueltas por el Pleno Legislativo en la pasada legislatura, sin embargo, por mandato legal la Auditoría Superior del Estado continuarán con las investigaciones para el eventual fincamiento de responsabilidades penales.
Las entidades que cumplieron con las disposiciones legales y normativas cuyas cuentas públicas del 2021 quedaron en firme, “de aprobarse“ son:
El Colegio de San Juan Siglo XXI, las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Güémez, San Carlos, Cruillas, Díaz Ordaz, Villagrán, Hidalgo y Antiguo Morelos, la Comisión de Energía de Tamaulipas; Desarrollo Turístico de Playa Miramar, El Colegio de Tamaulipas, Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas, las Universidades Politécnicas de la Región Ribereña y Victoria, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario.
Los Institutos Municipales de Nuevo Laredo para el Desarrollo de la Salud, para la Competitividad y el Comercio Exterior, de Cultura Física y Deporte, así como de Río Bravo el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y el DIF Municipal.
También los Municipios de Burgos y Abasolo.
Por otra parte las entidades que no cumplieron con las disposiciones legales y normativas cuyas cuentas se dictaminaron de rechazarse fueron:
Los Institutos Municipal de Nuevo Laredo para el Desarrollo de la Juventud, de Vivienda y Suelo Urbano, de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano y para el Desarrollo Cultural, de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales, de la Mujer y el sistema DIF Municipal.
Los municipios de Mier, Camargo, Díaz Ordaz, Méndez, Cruillas, Jiménez, San Nicollás, Casas, Palmillas, Jaumave, Anitguo y Nuevo Morelos, González, Güémez, Bustamante, Guerrero, Río Bravo, Hidalgo, Padilla, San Fernando y Victoria.
Además, las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Camargo, Jaumave, Nuevo Morelos, Soto la Marina, El Mante, Jumave, Nuevo Morelos, Soto la Marina, El Mante, Casas, Mainero, Méndez y Miquihuana, Llera, Jiménez, Tula, Guerrero, Mier, Palmillas, Nuevo Laredo y Victoria.
El Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt), el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos y el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Río Bravo.
Asimismo en el análisis de 190 informes de resultados correspondientes a las cuentas públicas del año 2022, la Diputada Úrsula Salazar propuso emitir un dictamen suspensivo, hasta en tanto se cuente con la información legal necesaria para que este órgano legislativo se pronuncie mediante una opinión definitiva.
Por otra parte, durante la reunión de comisiones de este martes las Legisladoras y Legisladores dictaminaron procedente el Programa Anual de Auditoria para el 2025.