POR José Inés Figueroa Vitela
Ahora levantamos tolvaneras, enderezamos índices de fuego, alzamos los brazos, pontificamos y pedimos justicia, pero no siempre fue así.
El 30 de junio del 2022, días después de que el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y MORENA ganaron la elección de la gubernatura, cuando todavía el exgobernador ahora prófugo mantenía secuestrada la legislatura local, en el más completo sigilo, se aprobaron una serie de contrarreformas jurídicas y las últimas cuentas públicas “disponibles”, de donde se dieron los mayores saqueos conocidos.
Los integrantes de la legislatura, hasta que ya estaba avanzada la sesión, conocieron la orden del día para enterarse de lo que ahí se trataría.
En el paquete que votó sin ver la 65 legislatura local, en la última sesión ordinaria del último periodo coincidente con el gobierno que se fue, iba 31 cuenta públicas del 2 mil 21, entre las que se encontraban las de los tres Poderes del Estado, de la UAT, de la Secretaría de Salud, de Educación, de las COMAPAs de Tampico y Reynosa, del COTACyT, del DIF, del aeropuerto de Soto la Marina y de los ayuntamientos de Madero, Mante, Tampico, Valle Hermoso y Xicoténcatl.
“Salvación para mí y para todos mis amigos”, parecía manda decir el siniestro gobernante, como en el viejo juego infantil de “las escondidas”.
Ya relajado, hecha la transición y mantenidos los enclaves dispuestos para la impunidad transexenal, a través del ingeniero mecánico hecho Auditor Superior, JORGE ESPINO ASCANIO, se dispuso sacar otro paquete de 44 cuentas, correspondientes al mismo ejercicio.
Reivindicado el mandato de las urnas, que precisamente en el 2021 dispuso que MORENA fuera mayoría en el Congreso Local, antes de cerrar esa legislatura se dispuso suspender la calificación aprobatoria de tales informes contables, hasta no profundizar en su estudio.
Ya en la 66 Legislatura, donde se consolidó y amplió la representación morenista por mandato popular, todavía con el Auditor ESPINO manoteando para impedir que sus patrones y cómplices del anterior sexenio, rindieran cuentas de los presupuestos que se les confiaron, la Comisión de Vigilancia del Congreso Local amplió su mandato.
Detectadas faltas en el proceso de fiscalización, que omitió el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, se ordenó una revisión exhaustiva de las cuentas que hasta en dos ocasiones la ASE había encontrado de aprobar.
El desenlace se conoció en estos días, primero en boca del nuevo Auditor, luego en el análisis de la Diputación Permanente en funciones de Comisión de Vigilancia y finalmente, en el pleno general, reunido en sesión extraordinaria, para votar aquellos y otros dictámenes resueltos, por quienes fungen en la representación popular durante el receso.
De aquellas 44 cuentas públicas, solo 3 fueron encontradas de aprobarse; el resto, 41, presentaron inconsistencias no solventadas, que ameritan otras acciones de corte jurisdiccional.
Se llegó el momento de presentar cargos por responsabilidades de corte administrativo y/o penal, a los exfuncionarios que no probaron el buen destino de los recursos públicos y también a los auditores que actuaron como “tapadera”, dando por buenas, flagrantes violaciones a la legislación vigente.
Eso salió en un acuerdo por separado, tomado por la Diputación Permanente, ordenando la presentación de una denuncia ciudadana, para que FRANCISCO NORIEGA OROZCO, el flamante Auditor Superior, investigue la actuación de quienes aprobaron aquellas cuentas y actúe en consecuencia.
Ello, sin detrimento de las responsabilidades que resulten a los exfuncionarios cuyas cuentas han sido reprobadas al encontrarles faltas que intentaron dejar pasar aquellos.
Estas, son las instituciones en las que los mandos del pasado sexenio pensaron no se habrían de encontrar inconsistencias.
¿De qué tamaño serían los desvíos en las dependencias de las cuentas que se aprobaron con celeridad y opacidad en cuanto perdieron las elecciones gubernamentales y entraba en su recta final el pasado sexenio?
Evidentemente, del tamaño de las residencias, ranchos y vida holgada que se da en los Estados Unidos el exgobernador de triste memoria; en los montos que paga para seguir difundiendo mentiras y haciendo campañas de lodo en contra de las actuales autoridades, financiando medios y sujetos perversos que le sirven de caja de resonancia.
Obvio, fue otro acto de impunidad la aprobación de aquellas cuentas públicas, como la destrucción de las pruebas que demostraban los delitos cometidos.
No obstante, cualquier denuncia podrá dar paso a que el Congreso y su ente técnico de fiscalización reabra los paquetes y realizar las investigaciones en fuentes espejo, para emprender las acciones legales que hagan justicia a los tamaulipecos.
Echar abajo los cuentos y hacer que el estado de derecho se imponga, hace mucho es un clamor ciudadano.