- El acoso judicial se ha expandido a 17 estados del país. Veracruz encabeza la lista con diez casos
Ciudad de México.- La organización internacional Artículo 19 denunció el pasado martes el «uso faccioso» de procesos legales como herramientas de censura en México para periodistas y medios de comunicación, lo que calificó como una tendencia alarmante que amenaza la libertad de expresión en el país.
De acuerdo con su más reciente informe ‘Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México’, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres— y 12 medios de comunicación.
La cifra representa un nuevo proceso cada cuatro días, superando lo documentado en cualquier año anterior.
Un patrón de desgaste y su uso faccioso
Artículo 19 explicó que el acoso judicial, conocido internacionalmente como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no busca necesariamente ganar en tribunales, sino desgastar a los periodistas a través de demandas civiles, penales, electorales o administrativas
Este patrón, señaló, implica un «uso faccioso» de las leyes para inhibir la crítica, eliminar publicaciones incómodas y mandar un mensaje colectivo de censura.
La organización subrayó el abuso de la figura de «Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG)», originalmente creada para combatir la discriminación entre hombres y mujeres, pero ahora utilizada de manera desproporcionada contra periodistas.
De los 51 casos documentados, 25 corresponden a acusaciones bajo este concepto, llegando incluso a la eliminación de contenidos y la imposición de disculpas públicas. El acoso judicial se ha expandido a 17 estados del país. Veracruz encabeza la lista con 10 casos, seguido por Ciudad de México (9) y Jalisco (6).
Entre los casos destacados, Artículo 19 señaló la demanda por daño moral contra la periodista Lourdes Mendoza, promovida por el director del Metro capitalino, Adrián Rubalcava.
Así como los procesos múltiples contra el periodista Jorge Luis González en Campeche, donde un juez local incluso designó a un «interventor» para revisar sus publicaciones antes de ser difundidas.
Otro caso es el del columnista Hernán Gómez y la editorial Penguin Random House, demandados por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y un grupo de abogados tras la publicación del libro «Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T».
Riesgos, límites y control político
En todos estos casos, Artículo 19 advirtió que estas acciones constituyeron un intento de censura a través del litigio.
«Este es un riesgo para el ejercicio periodístico: sentar un mal precedente donde la violencia política en razón de género se utiliza como ardid para evadir críticas, cuestionamientos y escrutinio público a los que están expuestos los personajes que ejercen cargos públicos», alertó la periodista independiente Rubí Soriano, citada en el reporte.
La organización pidió al Estado mexicano reformar la legislación y abstenerse de usar recursos judiciales para silenciar a la prensa.
También llamó al Congreso a establecer límites claros al uso de la VPEG y derogar delitos como difamación y calumnias, considerados contrarios a estándares internacionales de libertad de expresión. Asimismo, advirtió que, de continuar esta práctica, se reducirá aún más el espacio para el periodismo crítico en México y se normalizará el uso del poder judicial como herramienta de control político