- La consejera jurídica del Ejecutivo explicó cuál fue la solicitud oficial de Estados Unidos con respecto a 10 funcionarios vinculados con el Cártel de Sinaloa
Ciudad de México.- Luisa María Alcalde, la nueva consejera jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo su primera aparición en «La Mañanera» este 4 de mayo. En ella explicó que la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, no se trata de extradición al país del norte, sino de una «detención provisional».
Desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde explicó que «hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición», pues, aseveró, «no es lo mismo».
No hay pruebas suficientes: Alcalde
La funcionaria sentenció que la solicitud de Estados Unidos de detención provisional en contra de diez funcionarios mexicanos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa carece hasta ahora de elementos suficientes para justificar su «urgencia».
Luisa María Alcalde dijo que, tras analizar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que «no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia», por lo que «la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional».
Detalló que la solicitud formal, regulada en el tratado bilateral entre ambos países, debe presentarse por vía diplomática e incluir «el delito por el cual se acusa», así como pruebas, orden de aprehensión y datos de identificación. Alcalde precisó que el proceso se encuentra en una etapa inicial.
«El momento procesal exacto en el que estamos es en que la fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores», que a su vez pedirá más información al país requirente.
Subrayó que, de acreditarse la urgencia, corresponderá a un juez de control determinar si procede la detención provisional, y no a las autoridades administrativas.
«No lo va a determinar la fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores», indicó.
Se habría violado el derecho a la confidencialidad
La funcionaria también enfatizó que los procesos de extradición son confidenciales para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia.
«En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático», afirmó Alcalde.
Asimismo, sostuvo que la FGR «no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito» ni sobre la procedencia de la solicitud, limitándose a señalar la falta de elementos sobre la urgencia.
El caso ocurre después de que el Congreso de Sinaloa aprobara la licencia de Rocha Moya por más de 30 días, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico señalados por autoridades estadounidenses, los cuales el mandatario ha rechazado.