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Comisión de Vigilancia dictamina 199 Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2024

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del Congreso Local dictaminó 199 Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con base en los informes individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), los cuales serán remitidos al Pleno Legislativo para su discusión y votación.

Durante la reunión, el presidente de la Comisión, diputado Elifa Gómez Lozano, destacó que la revisión de las cuentas públicas se realiza conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado, mediante un análisis técnico sustentado en los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

Asimismo, precisó que los dictámenes respetan el sentido de las conclusiones emitidas por la Auditoría Superior del Estado y recordó que las auditorías financieras y las auditorías especiales de desempeño son ejercicios distintos, con metodologías y objetivos diferentes, por lo que sus resultados no deben equipararse.

Como parte del análisis, se revisaron 162 cuentas financieras y 37 auditorías especiales de desempeño.

En las cuentas financieras obtuvieron dictamen en sentido de cumplimiento los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos públicos autónomos, entre ellos la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Justicia Administrativa; así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la mayoría de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos y empresas paraestatales.

Entre los ayuntamientos que obtuvieron dictamen de cumplimiento destacan Altamira y Nuevo Laredo. En contraste, fueron dictaminados en sentido de no cumplimiento los ayuntamientos de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl, derivado de las observaciones detectadas durante el proceso de fiscalización.

Respecto de las 37 auditorías especiales de desempeño, obtuvieron dictamen en sentido de cumplimiento las secretarías de Bienestar Social, Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Desarrollo Energético, Obras Públicas y Administración, además del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), diversas universidades tecnológicas y varios ayuntamientos.

En sentido de no cumplimiento fueron dictaminados los programas de Servicios Públicos Municipales de los ayuntamientos de Victoria, Ciudad Madero, Río Bravo y El Mante, así como los programas de ayudas sociales de Río Bravo, Victoria y Xicoténcatl.

Durante la discusión, las diputadas Patricia Mireya Saldívar Cano, del Grupo Parlamentario del PAN, y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del PRI, manifestaron el sentido diferenciado de su voto respecto de diversos dictámenes. La panista votó en contra de los dictámenes rechazados a administraciones emanadas de su instituto político, se abstuvo respecto de las cuentas estatales y a favor de las cuentas rechazadas a administraciones y entes municipales morenistas.

La priísta contra las cuentas rechazadas a las administraciones de su filiación y a favor de todos los demás dictámenes.

Finalmente, los proyectos fueron aprobados por mayoría de las y los integrantes de la Comisión, instruyéndose a la Unidad de Servicios Parlamentarios a elaborar los dictámenes correspondientes para su presentación ante el Pleno Legislativo, reafirmando el compromiso del Congreso del Estado con una fiscalización objetiva, transparente y apegada al marco jurídico vigente.

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